Los políticos y la historia
Salvando honrosas y escasas excepciones, cuando los políticos invocan la historia casi siempre derrapan, porque la historia tiene curvas muy cerradas y ellos entran a demasiada velocidad. Cuando se hacen discursos institucionales no suelen fallar, porque quienes se los escriben se cuidan de no poner anacronismos y de hacer afirmaciones que pueden ser desmontadas en segundos. Pero a veces hasta los gabinetes derrapan; en su discurso institucional con motivo del 200 aniversario de la Constitución de 1812, el presidente Rajoy vino a decir que aquellos prohombres de las Cortes de Cádiz tuvieron la valentía de hacer reformas en tiempos dificles, como ahora toca hacerlas y él se pone a ello. Parece ser que los escribidores del discurso no tuvieron en cuenta que por la Constitución de Cádiz pasamos de súbditos a ciudadanos, de un régimen en el que el Rey era absoluto a una monarquía parlamentaria elegida por sufragio, y fue un avance para la época, pero tampoco exageremos, porque no había voto femenino y los sufragios pasaban por controles diversos, entre ellos las llamadas juntas parroquiales. Era mucho para lo que había, pero nada más. A partir de ella sugió todo el constitucionalismo del siglo XIX si bien hay que decir que en España la longevidad no ha sido una característica de nuestras muchísimas constituciones. Las reformas que ahora se acometen van justo en la dirección contraria, por lo tanto no pueden establecerse paralelismos, porque esas reformas son encubiertas y se está deteriorando nuestra última constitución sin que lo parezca. Además de las inexactitudes y generalidades que se esgrimen, encima no queda bien utilizar actos institucionales para colocar discursos políticos partidistas, y casi suena a chiste, porque equipara unos drásticos decretos de ajuste a la primera Carta Magna que hubo en España.
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En cuanto a los salarios, en Canarias un profesor cobra lo mismo que cualquier otra parte de España, con el añadido ya casi testimonial de la histórica asignación por residencia. No hay incentivos especiales (que sí hay en Euskadi) que hagan que en Canarias se cobre más que en Andalucía o en Aragón. Y esa asignación residencial -ya diminuta- no es solo para docentes, pues la tienen todos los empleados públicos. El otro caballo de batalla son los días lectivos y las horas de trabajo. Les ahorro las cifras, basta con echar un vistazo comparativo y se ve que estamos en las cifras de la UE en los días lectivos y por encima en horas de dedicación. Puede que haya un problema de distribución, que también depende de las administraciones públicas, y también de organización pues en las últimas décadas cada gobierno que llega introduce cambios en el sistema y se ha llegado a una kafkiana hiperburocratización de la enseñanza. Pero no se habla de los otros 39 puntos, que abordan temas metodológicos, organizativos, socioeconómicos y estructurales, y he de resaltar que en el informe se dedica un espacio muy pequeño a los temas que han resultado tan mediáticos, y desde luego analiza y sugiere, pero no carga contra el profesorado como se pudiera deducir por las informaciones, que dan la impresión de que el asunto va a resolverse echando como siempre la culpa al profesorado. Y eso sería un error, porque minarán aun más su autoridad social y docente, ya bastante deteriorada, porque mientras no se asuma colectivamente que la educación es tarea de la comunidad, y que todos han de remar en la misma dirección, mal vamos. Y vuelvo a recordar el dicho africano: «para educar a un niño hace falta toda la tribu». Habrá que hacer un gran pacto social, porque la solución no es seguir señalando a los docentes como los muñecos pim-pam-pum de la educación y desde luego recomiendo
El anterior Gobierno es responsable justo hasta el 22 de diciembre pasado; hace tres meses que no está, y ahora la responsabilidadrs del nuevo Gobierno, a partir del primer parado del día siguiente de su toma de posesión. Y la huelga es un instrumento para intentar que el Gobierno razone y se dé cuenta de que con estas medidas se paraliza aun más la economía y se destruyen empleos y empresas, porque las PYMEs son las primera afectadas de la disminución del consumo. Por lo visto, tampoco importan las empresas que no sean gigantes, y que por cierto generan el 80% del empleo. Ante esto, las fuerzas sociales tienen que oponerse sí o sí. Es verdad que la trayectoria de las dos grandes centrales sindicales es manifiestamente mejorable, pero no hay otra cera que la que arde, y es impresionante cómo se ha tocado a degüello para crear la idea de que los sindicatos en realidad no representan a los trabajadores. Sin grandes sindicatos no hay negociación colectiva, y sin esta los trabajadores están vendidos por el miedo y porque el conflico, en lugar de ser institucional, es personal. Y claro, aunque el derecho a la negociación colectiva también figura en la Constitución (Art. 37.1), se lo quieren saltar por dos vías, la del decretazo de la Reforma y a la vez dinamitando a los sindicatos ante la opinión pública. Sigue apareciendo, pero son tantas las modificaciones que en la práctica los convenios colectivos pueden convertirse en papel mojado. Nunca pensé que se pudiera actuar en política con tal descaro.