Esta semana se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo confirmando el fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó al que fuera alcalde de la capital tinerfeña (2001), Miguel Zerolo.
Pero también se confirmaron las penas al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; al exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, (políticos de ATI); así como, a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas.
Antonio Plasencia e Ignacio González
Nos aclara la sentencia que “la participación de los acusados Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín en Inversiones Las Teresitas se hacía por mediación de otras sociedades, Promotora Punta Larga, SA, controlada y administrada por Plasencia Santos; y promotora Victoria, SL. de González Martín.
La prueba testifical de la inspectora de Hacienda y del auditor propuesto como perito del Ayuntamiento, puso de manifiesto que entre estas sociedades existía unidad de caja y constantes transferencias de efectivo entre ellas, y concretamente el precio de compraventa se transfiere desde Inversiones La Teresita al resto.”
Inversiones Las Teresitas, SL fue constituida por los acusados Plasencia y Gonzales “como instrumentos y vehículo para llevar a cabo los hechos por los que aquí son condenados”, aclara el fallo. Fue clave la documentación de la Agencia Tributaria.
El trabajo de Santiago Pérez.
Desconocemos si el concejal Pérez continuará en política o no. Pero lo que hay que aplaudir es el tesón que pone en sus denuncias. Fue el que primero presentó alegaciones al convenio de Las Teresitas y después acudió a la Fiscalía.
Santiago Pérez, por entonces secretario general del PSOE en Tenerife, ahora es el denunciante del caso “grúas”. Integrado en otra formación política.
Lo de Plasencia se escapa al raciocinio ambiental.
El empresario Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción tinerfeña, se ha reconocido culpable de la comisión de delitos ecológicos por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar durante cerca de veinte años. A su iniciativa se han sumado dos de los otros tres acusados en la causa, los areneros Pedro Sicilia y José Enrique Morales.
Otro caso que se conoce en la Audiencia Provincial. Plasencia asume una pena de un año y tres meses de cárcel frente a los cinco años que le pide la Fiscalía. El empresario también está dispuesto a aportar un patrimonio inmobiliario valorado en 52 millones de euros, con lo que pretende salvar la responsabilidad económica a la que se enfrenta para la rehabilitación del territorio dañado, por la que el juez de instrucción fijó, en su caso, una fianza de más de 60 millones.
La voracidad de Plasencia, consentida en aquella linda isla, tiene sus días contados.
