Se publicó en el BOC el último día del año pasado y entrará en vigor en tres meses. Se trata de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.
Será en la primavera del año 2023, cuando la nueva Ley Canaria Cambio Climático y Transición Energética (LCCCTE) arranque de verdad.
Algo bueno hicieron que fue aprobada por 58 diputados y diputadas regionales (70 es el total). Solo dos fuerzas políticas no quisieron apoyarla y es que la resistencia “carbonizada” es contumaz. Es habitual que determinados sectores económicos pocos resilientes a los cambios, muestren su rechazo. El coche eléctrico ha tardado más de 50 años en llegar a los concesionarios de los pueblos, por poner un ejemplo. La lentitud en los cambios de modelos (y de mentalidad) es desesperante mientras seguimos consumiendo recursos no renovables.
El promotor de la Ley, hizo los deberes en los procesos de participación y audiencia, se aceptaron muchas propuestas y se recibieron enmiendas. Según la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, promotora de la iniciativa, “se trata de la ley más consensuada de la historia de Canarias con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública (170 y 214) y más de 30 reuniones con diferentes colectivos”.
Seguro que quedaron fuera muchísimas cosas, sin embargo, en una primera aproximación a esta nueva Ley, se observa el nivel de propuestas en todas las áreas sectoriales: ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; contratación pública; obras, arrendamiento o adquisición de inmuebles, vehículos del sector público; organización de eventos, actos públicos y servicios de hostelería; políticas energéticas; biocombustibles; transporte y movilidad sostenible; transporte marítimo y puertos de titularidad autonómica; turismo, agricultura y ganadería; fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono; pesca y acuicultura; industria y comercio; recursos hídricos, litoral, calidad del cielo y alumbrado público; biodiversidad, patrimonio natural y cultural; montes y gestión forestal; gestión de residuos; salud y servicios sociales; emergencias y protección civil; transparencia, participación ciudadana y evaluación; sensibilización y campañas para la acción climática; cooperación al desarrollo; enseñanzas no universitaria y universitaria, formación y ocupación; promoción de investigación, desarrollo, innovación y competitividad. En total 93 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y nueve finales.
En este primer artículo de opinión sobre esta LCCCTE, quiero detenerme en dos apartados específicos. El primero de ellos, es el artículo 71, por el que se impulsa un “plan de sensibilización y campañas para la acción climática”. Muy importante, a mi entender, porque la Educación y Concienciación Ambiental (con mayúsculas) sigue siendo el recurso pedagógico para cambiar nuestro modelo de vida, sabiendo que la Acción Climática comienza desde el principio de la actuación desde lo local a lo global, desde lo individual a lo comunitario. Fundamental las herramientas educativas para que todas las personas sean conscientes, se sensibilicen y podamos afrontar los retos de futuro, juntos.
Centra mi atención, también, el título tercero de la LCCCTE que nos acerca a lo que se ha llamado la “perspectiva climática”, para aplicar, por ejemplo, en esos proyectos de infraestructuras grises. El artículo 20 señala a los instrumentos de ordenación ambiental, de los recursos naturales, territorial, urbanística y sectorial, como los protagonistas del cambio de modelo territorial y urbanístico dirigido a la consecución de los objetivos establecidos. Más importante aún, el artículo 21, que habla de la “modificación del modelo territorial y urbanístico”.
Abrumadora tarea la que se han impuesto, sabiendo que la Consejería de Valbuena impulsora de la LCCCTE, es la misma que la de planificación territorial y medioambiental de Canarias y la que posee una opinión “cualificada” de esos innumerables proyectos de infraestructuras grises que ahora con la nueva Ley podrían estar cuestionados.
En cualquier caso, es una buena Ley, tan necesaria como urgente su aplicación. El Clima no da tregua.
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