El 20 de agosto de 2008 se estrelló al despegar en Barajas un avión de Spanair que iba con destino a Gran Canaria. Murieron 154 y sólo hubo 18 supervivientes. Desde entonces, nadie ha arrojado luz sobre el asunto y hay muchas preguntas sin contestar y seguramente responsabilidades que establecer. AENA tira de la brasa para su sardina, los controladores de Barajas lo mismo, la compañía aérea no convence sobre las acciones de mantenimiento, no se entiende por qué no se cambió de avión cuando se produjo la primera avería que retrasó el despegue, los fabricantes americanos del avión tratan de salvar la imagen de su marca, las compañías de seguros están a ver cómo se escabullen y las comisiones de investigación del accidente (la técnica y la jurídica) en Belén con los pastores. Por muy laberíntica que sea la situación, a mí no hay quien me haga creer que, con la tecnología que hoy existe y con los datos con que hoy se cuentan, después de dos años no se haya contestado a ninguna pregunta y que no haya un dictamen técnico definitivo como Dios manda.
Han pasado más de dos años, y ni a los seis meses, ni al año, ni nunca, los políticos de aquí y de allá, que son los representantes legítimos de los ciudadanos (y por lo tanto de los accidentados) han estado en su sitio. El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento tendrían que haber hecho valer las leyes, exigiendo, ordenando y obligando a resolver el asunto, porque en democracia cuando hay que dar un golpe sobre la mesa, se da. No estamos hablando de un equipo de fúbol que pierde un partido importante y los jugadores, los directivos y el entrenador no comparecen en rueda de prensa. Hablamos de 154 vidas humanas segadas todavía no sabemos por qué.
Y los políticos se suben al carro dos años después, cuando una cadena de televisión emite una serie de ficción basada en el accidente (no entro en eso, es otro tema y bastante menor comparado con lo sucedido, la chapuza que se ha hecho después y las imágenes reales que una y otra vez emiten los noticiarios o los supuestos y morbosos documentales). Ahora sí que salen los políticos a decir lo que ellos creen que los demás esperan oír. Eso es demagogia populista, porque yo los creería si hubieran presentado una pregunta parlamentaria sobre la investigación, si se hubieran ocupado de mover los hilos que tienen a su alcance para impulsar el esclarecimiento de los hechos, y sobre todo que se hubiera hecho a su debido tiempo. Ahora es tarde, ya se les ha visto el plumero. Lo de la serie de Telecinco puede calificarse de inoportuno, doloroso, carroñero o lo que se quiera (seguramente será todo eso, pero ya digo que es otro tema y una anécdota en medio de la tragedia); el problema importante es el dictamen de la Comisión para delimitar responsabilidades y actuar en consecuencia. Con la vida humana no se juega, y hay que saber si hubo negligencia, error o incluso mala fe. Si ha sido así, que se responda ante los tribunales. En un Estado de Derecho no hay otra. Mientras no se sepa qué y por qué sucedió puede volver a ocurrir.