Posible petición a quien corresponda
En el día de la constitución de la nueva legislatura, se propone que, si en el plazo de un mes no surge del Congreso de los Diputados un Gobierno que afronte los grandes retos que ahora mismo tiene España, y teniendo en cuenta que los parlamentarios están aforados, no responden ante tribunales ordinarios y para que se les juzgue en el Tribunal Supremo el Congreso ha de conceder mediante suplicatorio el permiso para ello, y que al solicitar ese suplicatorio para los 350 Diputados tendrían que ser los propios denunciados los que tendrían que aprobarlo, se pudiera solicitar que la instancia superior correspondiente arbitre los mecanismos por los que se pudiera acusar y juzgar a todos los diputados y diputadas por los siguientes posibles delitos:
** Alta traición a la Patria, por cometer un acto continuado de extrema deslealtad a España, al hacer dejación de la primera y fundamental función del Congreso que es proveer de Gobierno al Estado.
** Incumplimiento de contrato suscrito con los ciudadanos en las urnas, fraude y quiebra de confianza, con la restitución con intereses de los emolumentos percibidos en calidad de diputados y el despido fulminante de su cargo por inhabilitación, con lo que pasarían a ocupar sus escaños los siguientes en las listas electorales.
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Quiere el ciudadano saber qué sucede con la educación, con la sanidad, con las obras públicas que le afectan, con el sistema de pensiones, con las posibilidades que sus hijos jóvenes tienen de incorporarse al mercado de trabajo. Eso es en realidad la política real, pero no la ficción que se vive en los medios como en una gran representación escénica.