El triste asunto del Barranco de la Mina

Cuando llega el otoño y empiezan las lluvias, o al menos se las espera, salen a la palestra todos los asuntos relacionados con el agua en la isla de Gran Canaria. Y recalco lo de Gran Canaria porque el tratamiento de la propiedad del agua en esta isla es diferente al que se le da en cualquier parte del planeta, incluso en el resto de nuestro archipiélago. A cualquiera de fuera que le digas que el agua ha sido aquí durante siglos propiedad privada, como la tierra, los objetos o las casas, no se lo cree, porque a donde quiera que vayas encuentras sistemas y acuerdos seculares que tienden todos al uso comunal del agua, porque es un bien colectivo, como el aire que respiramos, porque es obvio que sin agua no hay vida, ni economía ni supervivencia, y eso lo vemos desde siempre en la agricultura, la ganadería y, sobre todo, en el servicio del ser humano, pues, si miramos un mapa veremos que las poblaciones nacen junto a los ríos, los lagos o cualquier hilo de agua que haga posible la supervivencia.

Lo mismo que aquellos acuerdos sindicales de hace más de tres décadas desembocaron en leyes que terminaron -al menos teóricamente- con un sistema medieval como la aparcería, pensábamos que la Ley de Aguas aprobada en el Parlamento de Canarias en el año 1990 daría cierre a la propiedad privada del agua, aunque ya entoces lo proyectaban a la distancia de cincuenta años (2040), que nos hacía desconfiar, porque medio siglo da para mucho, y más cuando hay intereses económicos mezclados con la política. Por desgracia, la desconfianza no era gratuita, porque estamos viendo que, de forma encubierta o a cara de perro, el agua sigue siendo controlada por los aguatenientes de toda la vida, y ya hemos consumido más de la mitad de ese plazo pactado entonces en el Parlamento. Para mayor descaro, también empieza a ser papel mojado otra ley posterior del Parlamento español, que en el año 2010 legisló claramente sobre el uso del agua.
También hay instituciones canarias que tienen responsabilidad sobre el uso y reparto del agua, y organismos como el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, surgido en 1992 a consecuencia de la ley antes mencionada, y que se adscribe al Cabildo de la isla. Se supone que este organismo tiene la penúltima palabra en la interpretación de las normativas (la última en los conflictos la tienen siempre los tribunales), y también se entiende que debe escuchar todas las voces que se hagan oír cuando existan conflictos. Pero no parece tener oídos para el clamor ante el desastre que se está generando en el Barranco de la Mina, y es muy triste que quienes tienen la obligación de velar por la normativa, el medio ambiente y la supervivencia de la isla no asuman su responsabilidad.
Están entubando el agua desde la salida del túnel de La Mina, que hasta ahora llegaba libremente al pago de La Yedra, en el municipio de la Vega de San Mateo. En ese recorrido, el barranco ha mantenido distintos ecosistemas, flora única que da cobijo a una fauna peculiar, y desde luego ha incrementado la riqueza paisajística. Hay instituciones canarias que tienen responsabilidad sobre el uso y reparto del agua, y organismos como el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, surgido en 1992 a consecuencia de la ley antes mencionada, y que se adscribe al Cabildo de la isla. Confieso que me produce un enorme desencanto la inacción del Cabildo grancanario, del que por su discurso se esperaba mayor preocupación y ocupación alrededor de un asunto de interés colectivo tan claro como este.
La regulación del uso del agua del Barranco de la Mina viene de 1501, pues consta en un documento signado por los Reyes Católicos. Y seguimos en Gran Canaria con la maldición de ser el único lugar en el planeta en el que el agua es propiedad privada, a pesar de que existen una Ley canaria y otra estatal. Tampoco parece interesar al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común y a todas las instancias que en principio tendrían que velar por el interés general. El agua del Barranco de la Mina no solo es un bien económico -que también- es historia de nuestra isla, futuro de nuestras riquezas naturales y presente de nuestro paisaje. Empieza a ser hora de que acabe la práctica de que unos pocos controlen y se apoderen de lo de todos, y encima pongan en peligro el espacio que vamos a legar a las nuevas generaciones. De modo que el agua del Barranco de La Mina tiene que discurrir en superficie; debe ser así por derecho histórico y por sentido común. Lo contrario sería una cacicada (no es la primera vez que lo digo, pero parece que es necesario seguir repitiéndolo).
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(Este artículo fue publicado en la edición digital de Canarias7 el día 23 de octubre de 2018).