Mil veces han definido a Canarias como cruce de caminos y centro atlántico donde confluyen tres continentes; otras tantas los propios canarios han presumido de ello. Y es esta una verdad inalterable desde la antigüedad clásica, en incluso más allá, desde la mitología. Ahora, ese privilegio de estar en todas las rutas se convierte en un problema. Canarias es frontera sur de la UE con el Magreb y toda el Africa subsahariana, y en el pecado lleva la penitencia. Estar en la UE, con un status especial de Región Ultraperiférica, pero dentro, al fin y al cabo, hace que el sistema nacido en Schengen se vuelva confuso, porque aunque este bendice la libre circulación interna y promueve comunitarizar las fronteras externas de la UE, no hay una uniformidad en las leyes de los distintos países miembros. Schengen es una asignatura pendiente.
Los inmigrantes ilegales casi siempre acaban en los centros de retención en los que reciben lo indispensable y se les da asistencia médica. Y allí comienza un segundo calvario, puesto que si se conoce su nacionalidad empiezan a ser devueltos a sus países de origen, con lo que han perdido el tiempo, el dinero pagado a las mafias de las pateras y han corrido un riesgo inútil. Si se desconoce su procedencia permanecen indefinidamente en estos centros de retención, porque no se sabe a dónde enviarlos. Hace unos años, este asunto era anecdótico, hoy es un hecho cotidiano que asfixia y sobrepasa cualquier previsión.
El pueblo canario ha sido tradicionalmente solidario y acogedor. También ha sido emigrante, sobre todo a Cuba y Venezuela, incluso de forma clandestina, en los años cuarenta, cuando los isleños se aventuraban en el océano sobre barquillos muy endebles; eran pateras que en lugar de 100 kilómetros se atrevía con miles de millas. Por eso, al principio no hubo problema con los inmigrantes africanos. Más tarde, se levantaron voces, que enseguida fueron aplastadas por la mayoría de los canarios bajo la acusación de xenofobia, pero lo cierto es que la creación de centros siempre crea tensiones.
Para un habitante de La Península, la inmigración ilegal en Canarias puede ser tomada en la misma dimensión que la de otras zonas españolas. Mucha gente se puede preguntar por qué se arma tanto revuelo por unos miles de inmigrantes cuando en Madrid o Barcelona hay muchos más y no pasa nada, que sí pasa, pero no parece un problema tan agobiante. La respuesta es bien sencilla: llueve sobre mojado. Para hacernos una idea, Canarias tiene una superficie de 7.500 kilómetros cuadrados, un tamaño comparable a provincias españolas como Castellón, Santander o Pontevedra, a las que triplica el número de habitantes, con los agravantes de la escasez de recursos como agua o energía y un territorio lejano y fragmentado que es una dificultad añadida. Por eso tiene en la UE status de Región Ultraperiférica, que no es un privilegio gratuito, sino una manera de amortiguar esas carencias.
Unas pocas cifras nos darán una idea: en los últimos 70 años Canarias ha pasado de 800.000 habitantes a 2.200.000, casi ha triplicado su población; en los últimos 40 años ha aumentado en 800.000 habitantes. Hoy, 7 de cada 10 nuevos residentes son inmigrantes, y los números nos dicen que el crecimiento es más vertiginoso cuanto más cercana es la fecha. Una proyección hacia el futuro nos indica que, con el actual ritmo, la demografía puede ser en Canarias un problema insostenible, y precisamente se está apostando por la sostenibilidad en todos los sentidos. Como se ve, los inmigrantes ilegales son solo una parte del problema, pero no la mayor, porque en definitiva en Canarias lo que hay es un desafío demográfico que tiene muchas vertientes.
La otra pregunta es la siguiente: ¿por qué los inmigrantes viajan a Canarias en peligrosas pateras, cuando podrían hacerlo en la seguridad de un avión por menos de la mitad? Para esta pregunta no hay una respuesta clara, pero sí una hipótesis más que verosímil: es evidente que en los lugares desde donde pueden salir, sea Marruecos o Senegal, no se les permite embarcar. Si no fuera así, viajarían como turistas y se quedarían, como hacen los sudamericanos ilegales que hay en España. Esto puede obedecer a una estrategia que va más allá de las mafias del mercado de personas; Marruecos estaría tratando de incordiar a España y esto entraría en el mismo marco que ya lejano el incidente de Perejil o las declaraciones sobre Ceuta y Melilla, siempre con el asunto del Sahara como telón de fondo.
Es evidente que este flujo no puede seguir indefinidamente, y desde Canarias se buscan soluciones, porque ha duplicado su población en poco más de una década, y Gran Canaria y Tenerife soportan una densidad superior a la de Gran Bretaña, y no hay más espacio hacia donde crecer. Este es el gran problema, en el que la inmigración ilegal supone un elemento más, pero hay otros, que tienen un soporte jurídico complicado en el seno de la UE, pero que habrá que solucionar de alguna manera porque de lo contrario en poco tiempo Canarias puede pasar de paraíso a infierno.
El asunto es que, encima, se complica con nuevas formas de turismo que inciden en la disminución de viviendas para venta o alquiler, porque gran parte del parque de viviendas ha pasado a ser lugar de alojamiento de turistas. Los poderes públicos, lejos de atajar esa incongruencia, parecen aliarse con la permisividad para que extranjeros compren viviendas porque tienen un mayor poder adquisitivo, o que fondos de inversión tomen el parque de viviendas canario como una fuente de gran negocio, y todos parecen olvidar que la vivienda es un derecho constitucional tanto o más que la sacrosanta propiedad privada, asunto que siempre se invoca como sagrado. Pues miren, no, el interés general está por encima, pero, como ya vemos cada día, nadie con capacidad política de actuar se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Y, además, es una trampa para quienes esto hacen, porque será imposible atender esa demanda turística si quienes trabajan en el sector carecen de un techo bajo el que cobijarse. El bloqueo está cantado, pero, nada, sigamos inflando el globo hasta que estalle.
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