Siempre se ha dicho que el código penal se hizo para los pobres y el de comercio para los ricos. Se supone que en sociedades democráticas esto no debiera ser así, aunque con la reforma de las tasas judiciales de Gallardón esto se hace cada día una realidad más sangrante. Luego hay otro apartado, que es el de las responsabilidades de los políticos; no es que nunca respondan de actuaciones deliberadamente temerarias y perjudiciales contra el interés general, es que ni siquiera rozan el código penal cuando actúan claramente contra lo básico de forma personal. No importa que un tribunal condene a agentes policiales por torturas porque luego viene el indulto del Consejo de Ministros, no importa que se haya demostrado la implicación de CIU en un asunto de financiación ilegal, todo queda resuelto diciendo que los responsables económicos de hace 17 años ya están fuera del partido. No importa nada, hay impunidad absoluta, y se permiten el descaro de actuar como el exconsejero de Sanidad de Madrid, que dos años después de dejar el cargo le adjudican el control privado de los análisis clínicos a la empresa de la que es asesor, o los expresidentes del Gobierno o ministros y ministras de mucho peso que viven en el Edén de los consejos de administración nominal de empresas eléctricas, de comunicación o de otro tipo que en su momento ellos favorecieron desde el poder. El hijo de Pujol ha reconocido que tiene dinero en paraísos fiscales y tampoco parece que eso vaya a incidir en su carrera política. Total que hemos llegado a una sociedad en la que los platos rotos los va a pagar La Pantoja, y políticos y empresarios corruptos se van a ir de rositas.
El contenido de los comentarios a los blogs también es responsabilidad de la persona que los envía. Por todo ello, no podemos garantizar de ninguna manera la exactitud o verosimilitud de los mensajes enviados.
En los comentarios a los blogs no se permite el envío de mensajes de contenido sexista, racista, o que impliquen cualquier otro tipo de discriminación. Tampoco se permitirán mensajes difamatorios, ofensivos, ya sea en palabra o forma, que afecten a la vida privada de otras personas, que supongan amenazas, o cuyos contenidos impliquen la violación de cualquier ley española. Esto incluye los mensajes con contenidos protegidos por derechos de autor, a no ser que la persona que envía el mensaje sea la propietaria de dichos derechos.