Central CHIRA-SORIA: ¿Legislar a la carta?

Chira Soria es un proyecto de gran envergadura que va a condicionar el modelo energético de la isla de Gran Canaria, que está generando una gran controversia social por sus impactos ambientales, sociales y económicos. La federación ecologista canaria cree que las modificaciones implementadas por REE son muy abultadas en relación al proyecto inicial, por lo que cabría hablar de un nuevo proyecto, siendo necesario reiniciar el proceso para valorar de forma transparente y democrática la mejor alternativa para la isla.

Piden al Ministerio para la Transición Ecológica, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, que impulsen y faciliten un proceso de participación ciudadana real que no se reduzca tan solo a la presentación de alegaciones, en el que se informe a la ciudadanía sobre el contenido, las actuaciones y las consecuencias del actual proyecto y se justifique la alternativa escogida frente a otras existentes. Debe propiciarse un debate público riguroso que permita vislumbrar la mejor opción de cara a desarrollar un modelo energético limpio y democrático para la isla, más aún al tratarse de una obra transcendental para el futuro de Gran Canaria y con grandes impactos sobre el territorio.

Asimismo, solicitamos al Cabildo de Gran Canaria que impulse una mesa de debate técnica en donde se escuchen las diferentes propuestas cualificadas que proponen modelos alternativos de acumulación energética de alta capacidad que se están instalando en otros países, de forma que se puedan comparar las bondades e impactos de otros sistemas con las del proyecto actual. Para la federación ecologista, la premisa ha de ser no sólo la penetración de renovables, sino que se debe incorporar al debate otras claves como la necesidad de la eficiencia y del ahorro y reducción de la demanda energética en la isla.

Para la federación resultan intolerables las pretensiones de la multinacional REE, que atendiendo puramente a sus intereses económicos solicita que se cambien las leyes que les afectan y el planeamiento para adaptarlas al modificado o nuevo proyecto. Entendemos que no se puede legislar «a la carta» y esperamos que nuestras instituciones no cedan a las presiones de la multinacional. De lo contrario se generaría un grave precedente democrático por su arbitrariedad, pues las modificaciones serán posibles según quién y para qué solicite los cambios.

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