Los Acuerdos de Custodia y la sociedad civil

• La participación de la sociedad civil en la gestión de lo público ha encontrado en la custodia del territorio un conjunto de estrategias (educación, mediación, desarrollo comunitario, conservación, gestión…), y herramientas para la confluencia con los entes públicos/privados que beneficia a ambas partes.

Han pasado más de 20 años desde la Declaración de Montesquiu (Osona, 11/11/2000) y el movi­miento de custodia del territorio ha crecido y consolidado por todo el país. Más allá de las oscilaciones en la super­ficie y número de acuerdos que reflejan los Inventarios del Ministerio de Medio Ambiente, se cons­tata que, a pesar de la escasez de recursos económicos disponibles, la custodia del territorio mantiene su núcleo esencial en las organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil.

La custodia del territorio se define como el conjunto de estrategias diversas (de educación, de gestión, de mediación, de desarrollo comunitario…), que pretenden favorecer y hacer posible la responsabilidad en la conservación y uso adecuado (sostenible) del espacio terrestre, fluvial y marino y de sus recursos naturales, por parte de propietarios y usuarios de este territorio. Se trata de poner en valor creando nuevas oportunidades para activar la participación de la ciudadanía y su compromiso ambiental, educativo, …, altruista también.

Todo por el bien común, una estrategia que se impulsa desde la Acción Climática del Pacto de las Alcaldías y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunión de intereses, la entrada de la ciudadanía en la gestión pública con propuestas tangibles, mediante fórmulas transparentes, es una realidad en todas las regiones.

 

El mapa de iniciativas de custodia

 

Se han reproducido iniciativas muy interesantes y curiosas. El 6º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en España, apuntaba más 3.223 acuerdos de custodia con casi 600.000 hectáreas de territorio. Por tipología de propiedad de los terrenos con custodia del territorio, el 73 % de los acuerdos se dan en terrenos de propiedad privada, el 15 % en propiedad pública, el 16 % en titularidad comunal y el 4 % en dominio público.

 

Como curiosidad, el inventario incorporó por vez prime­ra la custodia en suelo urbano con iniciativas de huertos comunitarios, principalmente en la ciudad de Ma­drid, un campo de creciente arraigo y expansión en muchas ciudades espa­ñolas, como también lo son las accio­nes para favorecer la biodiversidad en zonas verdes y en edificaciones de toda índole.

 

A escala regional, las comunidades autónomas con mayor superficie en custodia son Extremadura con 109.636 ha, Castilla y León con 85.581 ha, Castilla-La Mancha con 71.749 ha. y el Principado de Asturias con 71.623 ha. Respecto al número de acuerdos de custodia destacan Cataluña con 710, la Región de Murcia con 457, la Comunidad Valenciana con 290 y Galicia con 289.

 

Acuerdos voluntarios

 

La administración pública española se abre poco a poco a nuevos vehículos que dan certidumbre a la relación público/pública y pública/privada. De esta manera entre las novedades legislativa instauradas en el siglo XXI, destacó la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde la custodia del territorio se definió como “el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.

 

Las implicaciones ciudadanas también se introducen en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que abre el abanico a conciertos públicos y los convenios firmados entre una Administración Pública y un sujeto de Derecho privado, cuyas aclaratorias, definiciones y tipos de convenios alcanzan “los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.

Los últimos en incorporarse a estas estrategias han sido los integrantes del Consejo General del Notariado, con la organización de la primera Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que han participado una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs. La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entre sus conclusiones nos aclara que la custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica.

 

Gran Canaria y Telde se apuntan al mapa de acuerdos

 

La Plataforma de Custodia del Territorio ya se hizo eco del paradigmático caso del Aula en la Naturaleza de las Tirajanas , ubicada en un entorno de Gran Canaria con importantes valores paisajísticos y patrimoniales, donde la Asociación Cultural y Ecologista Imidauen, responsable del aula durante 30 años de actividad, firmó en el año 2016 un acuerdo de custodia del territorio con las Heredades de Aguas de Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea Blanca para la conservación y mejora del entorno de la presa de Tirajana y el palmeral de La Sorrueda.

 

Una Asociación Vecinal de Telde (Urbanización Costa Jardín, Melenara. Barrios Verdes) y Foresta (Fundación Para la Repoblación Forestal de Gran Canaria) son las últimas incorporaciones al mapa de iniciativas de custodia del territorio en el municipio de Telde, “tutorizadas” por el propio Ayuntamiento.

 

Una vuelta más al compromiso por el Bien Común, a la participación, educación y concienciación ciudadana en la conservación del espacio público, para guardar, conservar, respetar y cuidar nuestro entorno más cercano.