La emergencia climática del Gobierno y sus primeros días

A veces los obstáculos son más grandes que los progresos. Cualquier persona que haya estado en una administración pública, sabe que las cosas no se consiguen con varitas mágicas. No hay remedios sin trabajo.

Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno que más tiempo ha estado en funciones: 314 días.  El nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que tardó en llegar, nos promete dar cuenta de su gestión cada 100 días, no solo para informar de los “progresos”, sino también para explicar los “obstáculos” con lo que se vaya encontrando, así lo anunció Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios en el Palacio de La Moncloa tras celebrarse el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura (14/01/2020).

Me gusta esto de los “obstáculos”. Creo que voy a coger recortes.

Emergencia climática paso por el Consejo de Ministro

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

1    Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un sistema fiscal y presupuestario y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la perspectiva de género, medidas específicas que impulsen la creación de empleo de calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

2    Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del mejor conocimiento científico disponible y de manera coherente con los objetivos y medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la normativa comunitaria.

3    Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

4    Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

5    Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades ambientales, favorezcan la eficiencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

6    Contribuir activamente para garantizar que las especificidades y necesidades de España se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y financieras orientadas a impulsar el Pacto Verde Europeo.

7    Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, de forma transversal.

8    Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias.

9    Identificar los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y desarrollar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades.

10  Salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes.

11  No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

12 Asegurar la transformación de nuestro sector financiero público y privado y su adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como las relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

13  Introducir la variable del cambio climático de manera específica en la política fiscal, tanto desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

14  Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española.

15  Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

16  Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, garantizando el acceso a la misma.

17  Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

18  Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

19  Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

20  Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar dicho reto.

21          Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la despoblación y el reto demográfico. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre administraciones.

22  Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.

23  Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

24  Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

25  Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

26  Alcanzar el objetivo del 30% de superficie marina protegida en 2030 mediante la planificación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad marina.

27  Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la planificación del conjunto del Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global.

28  Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las inversiones necesarias.

29  Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas en el caso de las insulares las que reconozcan la singularidad de su territorio y su especial vulnerabilidad frente al cambio climático.

30  Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita su evaluación.