Ilegalidades en la descolonización del Sahara

Siempre decimos que el Acuerdo tripartito del 14 de noviembre de 1975 se firmó en Madrid, como una abstracción, como si se hubiera firmado solo. Es evidente que desde el punto de vista moral fue un disparate, pero es que también hay muchas lagunas jurídicas, porque El Sahara tenía rango de provincia y por lo tanto el territorio y sus habitantes estaban contenidos en el Fuero de los Españoles, que era lo que el franquismo asimilaba a una especie de constitución, y sus municipios se regían por la Ley de Régimen Local entonces en vigor.
Por lo tanto, se desmembra el Estado saltando por encima de dos leyes vertebrales (las que había entonces aunque no hubieran nacido de un estado democrático). Este acuerdo no fue ratificado por las Cortes de entonces, y no sabemos si quien lo decidió fue el ministro de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno o un núcleo duro de régimen. Franco estaba moribundo y el entonces Príncipe era Jefe de Estado en Funciones, en una situación de aislamiento muy complicada. Las preguntas se amontonan: ¿Quién lo decidió? ¿Arias Navarro? ¿Cortina Mauri? ¿Solís Ruiz, que entonces estuvo muy activo viajando incluso a Rabat? ¿Por qué no se realizó todo el proceso formal? Por si esto no fuera suficiente, el documento acordaba la administración del territorio por parte de España, Marruecos y Mauritania hasta que se celebrase un referéndum. España se marchó en tres meses y medio, el 28 de febrero de 1976, con lo cual incumplía un acuerdo que ya de por sí tenía visos de ilegal. Esto, como los triunviratos romanos, dejó la cosa en dos, y hubo en enfrentamiento entre los que quedaban que se saldó con la retirada de Mauritania. Marruecos se queda solo, y como su soberanía estaba en el aire, España va y firma un Acuerdo pesquero con Rabat en febrero de 1978, que reconoce implícitamente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara.
Y hay un dato que viene nada menos que de la ONU, y que curiosamente empieza a colarse en algunos medios españoles. Se trata de que en el año 2002, Hans Corell, subsecretario para Asuntos Jurídicos de la ONU, elaboró un informe a petición del Consejo de Seguridad, por otras razones, pero en él dice:
«En virtud de sus acuerdos internacionales y su pertenencia a la ONU, España no estaba legitimada en 1975 para transmitir unilateralmente a Marruecos ni a nadie su condición de potencia administradora, por lo que en puridad jurídica ESPAÑA SIGUE SIENDO LA POTENCIA ADMINISTRADORA DEL SAHARA». (No lo digo yo, lo informó en el 2002 un jurista neutral internacional del prestigio de Hans Corell).
No soy jurista, pero con todo este galimatías legal (ilegal) sobre la mesa, me pregunto si, al no cumplirse en 1975 todo el protocolo establecido, habiéndose saltado las leyes españolas y contraviniendo las normas de Derecho Internacional, firmase quien firmase el Acuerdo Tripartito, este fuese nulo de pleno derecho, como es nulo el que firma un contrato de venta de una casa que no es suya. ¿Algunos de aquellos actores podrían tener responsabilidad penal por prevaricación, dejación de funciones, alta traición o cualquier otra irregularidad que se me escapa? El ruido de la Transición jugó a su favor y hoy casi todos han desaparecido.
Han pasado 35 años y hoy las cosas están como están. Hay que actuar desde la perspectiva actual, pero es impresentable que alguien diga que España no tiene ninguna responsabilidad con el Sahara Occidental. Si esto llegase a un tribunal internacional justo, España sería hoy la potencia administradora que tendría que ceder la soberanía bajo los auspicios de la ONU. Y eso no se lo salta un galgo.

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