Habrá que preguntarle a Montesquieu

Montesquieu estableció claramente los tres poderes de una democracia: legislativo, ejecutivo y judicial. Se supone que los tres se equilibran entre sí, pero es evidente que cada uno de ellos tiene unas tareas concretas. Cuando estas se entremezclan, se crea la confusión y no queda clara esa división de poderes.

 

Ahora mismo está pasando en España. Para generar unas políticas paralelas, es necesario que el poder legislativo trace unas normas que deban ser seguidas por todos, en este caso por las comunidades autónomas. No se entiende que, en la actual situación de la pandemia, cese el Estado de Alarma, que confiere capacidades a las autonomías por delegación del ejecutivo central, que es lo que ha sucedido en los últimos meses. Y cesa sin que se haya producido un corpus legislativo que respalde decisiones de los distintos territorios según sus circunstancias. Es como si no hubiera Parlamento, porque la mayor parte de las sesiones se pierden en guerritas estúpidas que luego no se concretan en algo tangible. Se parecen más a discusiones de barra de bar, en las que no se toman decisiones.

 

Por otra parte, en ese juego diabólico y peligroso en el que ha entrado la política española, no sería ninguna novedad que, quienes ahora demandan esa legislación se hubieran opuesto a ella en el Congreso, en un juego digno de los más hábiles trileros. La conclusión es que quienes están hoy en la dirigencia política no están dando la talla, porque no se afrontan los asuntos, solo se descalifica al adversario.

 

Esto determina que, para este tema, estemos en un limbo jurídico, y se da la circunstancia de que las decisiones finales las bendicen o las anulan los poderes judiciales, y en las mismas circunstancias en unos territorios ven denegada por los tribunales la misma propuesta que es aprobada en otros. Esto, de entrada, es injusto, pero si luego hay recursos será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. Es decir, el poder judicial toma decisiones que tendrían que estar en manos del ejecutivo. Pero, claro, si el legislativo no ha hecho su trabajo, se crean estas situaciones en las que parece que quien gobiernan son lo tribunales. Esta judicialización forzada de la política es el resultado de la mala gestión, tanto del gobierno como de la oposición.

 

Así las cosas, no hay que dejarse llevar por alarmistas que hablan de que es el caos, pero también es cierto que en una situación tan compleja como la actual cada palo debe aguantar su vela, y cada institución debe asumir las responsabilidades que le son inherentes. A menudo, el miedo al error hace que no se tomen medidas, porque los políticos cuidan a veces más su imagen que su gestión, y a nadie le gusta que un tribunal le anule unas medidas. Está claro que aquí no se han hecho los deberes (ni gobierno ni oposición), y todavía los porcentajes vacunales no permiten que se pueda recuperar la normalidad soñada. La desescalada debe basarse en datos científicos, no en pulsos de soberbia de unos y de otros. Solo espero que el pueblo sea más fiable que sus dirigentes, aunque los antecedentes tampoco invitan al optimismo. Habrá que preguntarle a Montesquieu.