El SEPRONA de la provincia de Las Palmas toma un protagonismo en la Memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Ya tenemos la Memoria del 2013 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en cuya introducción se han destacado por parte del Fiscal de Sala, D. Antonio Vercher Noguera, las principales consecuencias derivadas de los incendios forestales y su evaluación económica; así como su impacto en la calidad del agua y la estimación del grado de afectación de un acuífero y del agua subterránea por un incendio forestal. A continuación se detallan las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Fiscalía a lo largo de 2013, su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental.
En el año 2013 las estadísticas provinciales refieren un total de 6.075 Procedimientos Judiciales, de los que 560 lo fueron en Medio Ambiente, 1265 en Ordenación del Territorio y Urbanismo, 432 en Patrimonio Histórico, 837 en Flora y Fauna, 2.466 en Incendios Forestales y 515 relativos al Maltrato de Animales Domésticos.
Durante el año 2012 las estadísticas provinciales refieren un total de 5.602 Procedimientos Judiciales, de los que 522 lo fueron en Medio Ambiente, 892 en Ordenación del Territorio y Urbanismo, 317 en Patrimonio Histórico, 696 en Flora y Fauna, 2.671 en Incendios Forestales y 504 relativos al Maltrato de Animales Domésticos.
En algunos casos, como es el de Las Palmas, la memoria incluso insiste en que es tal la calidad de los atestados del SEPRONA en ordenación del territorio que los mismos se suelen
judicializar directamente por parte de Fiscalía. Son continuas las reflexiones altamente positivas de las Fiscalías (Cádiz, Albacete, etc.) sobre la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil.
Entre las conclusiones destacamos (copia literal) que: «Es relativamente frecuente la promulgación o elaboración de normas ambientales en nuestro país que están en discordancia, o incluso en contradicción, con el Derecho comunitario, lo cual ha provocado que, en ocasiones, la norma ambiental no pueda ser adecuadamente aplicada.» Lo que se proponía entonces, y ante esta situación, era la aplicación directa del Derecho comunitario, tanto en el caso de ley nacional contraria, como en la complementación de las leyes penales en blanco existentes en el contexto penal ambiental. Pues bien, en esa misma línea, la reciente jurisprudencia en la materia, especialmente en el ámbito administrativo (sentencias 627/2012, de 11 de mayo y 272/2011, de 10 de marzo, de la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad de Madrid, entre otras) avala claramente ese planteamiento. Se insiste, por lo tanto, en el mismo, interesándose de los Sres. Fiscales que procedan en consecuencia de suscitarse esa problemática.
Agradecimiento y Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental.
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