Contratos reservados, la cantinela de las Empresas de Inserción
Fue en el año 2015, cuando la Ley 31, acababa con la restricción que tenían las empresas de inserción para acceder a las obras y servicios que licita la administración pública. Solamente se podían acoger a los contratos menores, sin publicidad.
Las razones que nos daban para justificarlo eran bastante peregrinas. Decían que la ley de contratación pública se había aprobado en octubre del 2007 y en esos momentos no existía un marco normativo que regulara a las empresas de inserción. Solamente unos meses después, en diciembre se aprobó por mayoría absoluta de todos los partidos políticos, (algo que ahora parece ciencia ficción) la ley 44/2007 que por fin daba carta de legalidad a las empresas de inserción.
Es evidente que hubo ocasiones para hacer el cambio correspondiente pero no se produjo hasta en el año 2015, ocho largos años para conseguir algo que considerábamos a todas luces, justo: una parte del pastel de la administración pública para seguir creando empleo de calidad que permitiera a las personas más vulnerables acceder a uno de los derechos fundamentales.
Ahora, ya es obligatorio. La ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, contempla en la Disposición Adicional Cuarta la reserva de contratos. Es imperativa y taxativa y afecta a todas las entidades del sector público (incluye fundaciones públicas, organismos autónomos, mancomunidades, etc) y están obligadas a fijar por acuerdo del pleno, un porcentaje mínimo de sus contratos públicos que deberán calificar como reservados y ser adjudicados a Centros Especiales de Empleo (CEE) y Empresas de Inserción (EI)
Es evidente que la administración es bastante más laxa en el cumplimiento de sus obligaciones y muy diligente cuando se trata de que la ciudadanía haga lo propio. Pero no nos cansamos, con el mismo tesón que conseguimos cambiar la ley insistiremos para su debido cumplimiento.
Dentro de esta estrategia esta semana, el día 22, volveremos a celebrar en la Finca el Cerezo de Villena, el X Desayuno empresarial para seguir recordando, junto a un humeante café, esta obligación. Y para ello, nada mejor que compartir las buenas prácticas de algunos ayuntamientos y cómo este tipo de contratos fortalece en el día a día a las empresas de inserción.
La misma ley 31/2015 reconoció a las empresas de inserción como Prestadoras de Servicios de Interés Económico General, es decir que suplimos a las administraciones públicas en aquellas parcelas a las que no llega. Ni las mentes más lúcidas pueden negar que estamos en una situación en la que la pobreza y la exclusión está generando sufrimiento, desesperanza y dolor. Por eso, consideramos fundamental que con el mismo dinero que la administración dispone para sus obras y servicios, apoyen este tipo de economía social y solidaria.
No es posible salir de esta crisis, de esta pandemia, sin incorporar a los colectivos más vulnerables al proceso de reconstrucción. De la misma manera que los nuevos retos de la Transición Ecológica, diversificación, soberanía alimentaria, agricultura ecológica, turismo sostenible, economía verde o azul deberán hacerse desde la inclusión y la solidaridad.
