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Parecía una inocentada, porque se presentó el día 28 de diciembre. Pero no. Esto va en serio.
El Consejo de Ministro, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las tasas de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico en el periodo 2020-2025.
Más de 50.000 personas están a la espera de recuperar lo perdido. Ellos destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica. La crisis llevó a unos recortes y obligaron a refinanciaciones. La quiebra para algunos.
El objetivo del Ministerio es restablecer la estabilidad regulatoria, el anteproyecto da la opción de mantener para las instalaciones renovables, de cogeneración o residuos con derecho a retribución primada anteriores al Real Decreto-Ley 9/2013 la tasa de rentabilidad que tienen reconocida en la actualidad.
Tras la conformidad del Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) inicia los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025.
Con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea además que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad no pueda modificarse hasta 2031 en el caso de las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
El anteproyecto, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, realiza una primera propuesta de retribución antes del 1 de enero del último año del actual periodo regulatorio, esto es, antes del 1 de enero de 2019. La tasa de retribución financiera se calcula tomando como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años -los bonos del Estado a diez años-, incrementándolo con un diferencial adecuado.

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