Indulto medioambiental anulado
Un empresario fue condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria en Sentencia de 24 de mayo de 2010 (procedimiento abreviado núm. 144/2009) como autor del delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo que tipifica el art. 319.1 del Código Penal. 
Las penas impuestas en primera instancia fueron tres años y un día de privación de libertad e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, tres años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción y 24 meses y un día de multa a razón de una cuota diaria de 60 euros.
La parte central de los hechos declarados probados por esta Sentencia consta del siguiente tenor literal:
«[El acusado], mayor de edad y sin antecedentes penales, administrador único y representante legal de la empresa […], habiendo previamente adquirido para dicha entidad la propiedad de una finca de 31.243,50 metros cuadrados, sita en lugar denominado «La Milagrosa», donde el camino a Masapez, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre suelo clasificado y categorizado en el Plan General de Ordenación del municipio de Las Palmas de Gran Canaria aprobado y vigente en ese momento como suelo rústico de protección medioambiental, sin haber recabado previa licencia de obras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actuando como administrador único y representante legal de […] [la empresa], promovió, con total desprecio a la ordenación legal del terreno, la realización de diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables,
El Tribunal Supremo ha anulado con su Sentencia de 8 de junio de 2015 el indulto concedido por el Gobierno mediante el Real Decreto 863/2013 a un empresario condenado en 2011 a prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio.
