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Canarias no es un solar

Por un Territorio Sostenible.
Se celebró en la capital grancanaria delante de la sede de Presidencia.
Cerca de un millar de personas participaron en una concentración, organizada por la Plataforma Ciudadana por un territorio sostenible, dejaron patente su rechazo con muchas consignas.
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El Archipiélago canario, un territorio volcánico que ocupa apenas 600.000 has y cuenta con  cuatro Parques Nacionales, siete Reservas de la Biosfera, más del 42% de su territorio protegido, un patrimonio  histórico-arqueológico único, una  cultura territorial de más de 2000 años de antigüedad, casi 20.000 especies vegetales y animales, el 30% de las cuales son exclusivas de las Islas, y un paisaje singular, reclamo de su principal actividad económica, se enfrenta a la especulación y destrucción de su patrimonio.
Durante más de veinte años, desde que asumió las plenas competencias para la ordenación y gestión del territorio, Canarias desarrolló una legislación territorial que buscaba implantar un modelo territorial más cohesionado, próspero y sostenible, para una sociedad y una economía más justas y solidarias.  Este proceso culminó con las Directrices de Ordenación, aprobadas por unanimidad por el Parlamento de Canarias.
Sin embargo, tras el estallido de la crisis económico-financiera, el Gobierno de Canarias comenzó a reformular esta legislación a través de leyes parciales, como las de Medidas Urgentes y Armonización, que trataban de desregular lo que anteriormente se protegía. En el momento actual, y con el proyecto de Ley del Suelo de Canarias, se intenta un cambio radical de dirección para convertir nuestro territorio en mercancía y nuestro futuro en efímeros negocios especulativos, son algunas declaración de Eugenio Reyes portavoz de la Plataforma que coordinó, megáfono en mano, el acto de protesta.
ATTAC Canarias y sus consignas

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Indulto medioambiental anulado

Un empresario fue condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria en Sentencia de 24 de mayo de 2010 (procedimiento abreviado núm. 144/2009) como autor del delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo que tipifica el art. 319.1 del Código Penal. justicia-exacta.png
Las penas impuestas en primera instancia fueron tres años y un día de privación de libertad e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, tres años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción y 24 meses y un día de multa a razón de una cuota diaria de 60 euros.
La parte central de los hechos declarados probados por esta Sentencia consta del siguiente tenor literal:
«[El acusado], mayor de edad y sin antecedentes penales, administrador único y representante legal de la empresa […], habiendo previamente adquirido para dicha entidad la propiedad de una finca de 31.243,50 metros cuadrados, sita en lugar denominado «La Milagrosa», donde el camino a Masapez, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre suelo clasificado y categorizado en el Plan General de Ordenación del municipio de Las Palmas de Gran Canaria aprobado y vigente en ese momento como suelo rústico de protección medioambiental, sin haber recabado previa licencia de obras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actuando como administrador único y representante legal de […] [la empresa], promovió, con total desprecio a la ordenación legal del terreno, la realización de diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables,
El Tribunal Supremo ha anulado con su Sentencia de 8 de junio de 2015 el indulto concedido por el Gobierno mediante el Real Decreto 863/2013 a un empresario condenado en 2011 a prisión como autor de un delito contra la ordenación del territorio.

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429 detenidos-imputados/investigados en incendios forestales.

Por tercer año consecutivo, tenemos el placer de ofrecerles la Memoria 2015 que ha distribuido el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del año 2015, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes.
Esta edición coincide con el décimo aniversario de creación de la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo introducida en la Fiscalía General del Estado en el año 2006.
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Se analizan los temas relativos a la colaboración internacional, propuestas normativas, actividades docentes y de formación, tramitación de procedimientos y, finalmente, coordinación en materia de incendios a nivel nacional, con la adopción de diferentes iniciativas a tal efecto.

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