Se ha constituido en Madrid la plataforma «No a nuestra costa» que intenta reivindicar los valores de nuestro litoral, así como frenar las posibles modificaciones legislativa de la actual Ley de costa que data de 1988. Detrás de esta plataforma hay un temor de que, las viejas luchas por seguir construyendo en el litoral español, alcancen sus objetivos, y por supuesto, también se teme que la nueva normativa intente legalizar aquellas construcciones que invaden el dominio público marítimo terrestre.
En dos décadas, cada día se ha perdido una superficie de nuestra costa similar a ocho campos de fútbol. La Ley de Costas no debe ser reformada, sino aplicarla correctamente ya que:
- La Ley de Costas garantiza el uso público y libre de la costa. Defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados y rías es proteger un bien común.
- La Ley de Costas debe ser un seguro contra la especulación y contra la corrupción en nuestro litoral.
- La Ley de Costas salvaguarda el valor económico del litoral. Una costa bien conservada genera beneficios de unos 8.000 millones de euros al año y más puestos de trabajo que una costa degradada.
- La Ley de Costas asegura el buen estado del litoral. Una costa saludable es la base para la pesca y el marisqueo, ya que es el vivero de especies cruciales para el futuro del sector.
- La Ley de Costas permite la instalación en nuestras playas de establecimientos, como restaurantes, terrazas, etc, siempre que cumplan la legislación.
- La Ley de Costas avala nuevos modelos de desarrollo turístico, invirtiendo en reformar las infraestructuras existentes, sin necesidad de construir otras nuevas.
- La Ley de Costas vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales.
- La Ley de Costas evita que se produzca una amnistía para aquellos que han dañado el litoral.
- La Ley de Costas está alineada con la Unión Europea, que exige transparencia urbanística y lucha contra la corrupción.
- La Ley de Costas cuenta con el respaldo de los tribunales españoles, que han fallado en el 95% de los casos a favor del interés general y no de intereses particulares.
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