En los preámbulos del futuro debate parlamentario de la Ley del Suelo de Canarias se evidencian dos cuestiones: las prisas del Gobierno de Clavijo por su aprobación para contentar a su «parroquia» y, en segundo lugar, la renuncia al modelo de gestión integral y coherente del territorio canario.
El pasado 26 de julio se cumplieron treinta y un años de la aprobación de la primera norma jurídica relacionada con el territorio del Parlamento de Canarias. Fue la Ley 3/1985, de 26 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Protección de la Naturaleza. Con apenas cinco artículos el legislador, de entonces, deja patente la preocupación por el equilibrio ambiental a la vez que reconoce la incidencia que sobre este equilibrio tiene «la actividad edificatoria de carácter ilegal y abusiva».
Estábamos estrenando Parlamento. Dos años antes, el 30 de mayo de 1983, se constituyó el primer órgano representativo del pueblo canario, después de la aprobación del Estatuto Autonómico el 10 de agosto de 1982.
El ritmo legislativo era trepidante. Ese mismo mes de julio de 1985 se creó la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Seis meses después aparece el Decreto 16/1986, de 24 de enero, por el que se crea la estructura de la mencionada Consejería; así como, aparece en ese momento, la CUMAC (Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias), con el objetivo de crear una cultura urbanística de región y fomentar el conocimiento de los operadores urbanísticos (más trasparencia). Un intento de homogeneizar, desde una perspectiva regional, los criterios del planeamiento urbanístico.
La importancia del urbanismo: la transición de personas a ciudadanos
Como hemos visto, la toma de decisiones legislativas en los primeros años, relacionada con el territorio y el medio ambiente, fue significativa. Tal como señala la Ley del Suelo de 1956 «el planeamiento es la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana». Es una función pública, pues, la planificación urbanística, es una de las premisas del artículo 47 de la Constitución Española.
Para el Tribunal Constitucional (sentencia 36/1994, de 10 de febrero) el Plan urbanístico «es el instrumento básico y esencial de la ordenación del territorio, el elemento definidor de la actuación urbanística, sin el cual no puede concebirse el ejercicio de la competencia ordenadora del territorio».
Reconociendo que el urbanismo y el planeamiento territorial son materias muy ásperas, aburridas y tediosas, con reducidas filias entre la ciudadanía, definiciones doctrinales nos señalan la importancia de estas disciplinas porque cualquier Plan adapta el contenido abstracto de las leyes a una realidad espacial especifica.
En palabras más llanas, mediante el planeamiento y el urbanismo, convertimos los derechos individuales de las personas (vivienda, calidad de vida, movilidad, atención sanitaria, propiedad privada, etc.) en algo real y tangible.
El urbanismo (en sus conceptos más amplios) nos permite evolucionar de personas a ciudadanos, procurando que tengamos los servicios y equipamientos más básicos (vías de comunicación, hospitales, escuelas, zonas verdes, viviendas, saneamientos, etc.) para poder desarrollar nuestra vida en armonía y en completa integración.
De un mal mayor a una panacea
En los últimos años el Parlamento, de la mano del Gobierno de Canarias, se ha deslizado por caminos de la improvisación, abandonando una visión conjunta del territorio y deslizándose hacia un urbanismo de caso concreto, alejado de consensos políticos, sin capacidad de simplificación y, por supuesto, alejándose de los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y autonomía.
Diez años últimos, en los que el marco normativo ha perdido coherencia haciéndose incompresible y complejo, aprobando el Gobierno normas sobre normas. En un intento por simplificar e impulsar el desarrollo económico, ha osado en crear toda una maraña legislativa que ni los propios autores la reconocen.
Eso sí, ahora se nos presenta como un problema, cuando han sido los mismos colores políticos los creadores.
Para salvarnos de este atasco normativo el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, aprobado por el Gobierno un día 8 de agosto, en periodo estival, con manga corta y sin corbata, despierta el interés de patronales, partidos liberales, etc. ¿Por qué será?
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