Lo intuíamos. Aquellos que trabajamos el medio ambiente desde hace muchos años, en la época dorada del boom y del negocio de la obra pública, intuíamos la corrupción que existía (¿y existe?) detrás del brutal crecimiento de las adjudicaciones.
Eran todos consensos, todo beneplácito. Todos los partidos y sus acólitos políticos, tenían mucho que ganar y, apenas habían confrontaciones al respecto de las adjudicaciones en las obras públicas. 
Incluso, creo recordar que el Aeropuerto de Gran Canaria y su famosa tercera pista se justificaba con un crecimiento en número de pasajeros, que pasados 14 años, aún no se han cumplido ni la mitad de lo que pronosticaban.
Pues bien, llegados a este punto de la crisis y de la deuda pública, porque, claro ahora tenemos que pagar las fiestas de aquellas vacas gordas, sale el Sr. Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras y número dos del Ministerio de Fomento hablando del «descontrol administrativo».
Un auténtico eufemismo cuando realmente quiere decir otra cosa.
Reproducimos un resumen de su entrevista en la cadena de TV, La Sexta.
El descontrol administrativo no sólo ha afectado a las autopistas, también a los aeropuertos.
Es el caso del de Corvera, en Murcia, que está construido pero no se ha abierto ya que se hizo simultáneamente una ampliación de otro aeropuerto a 30 kilómetros y se construyó una nueva pista en un aeropuerto a 60 kilómetros que cuesta 600 millones de euros. «Ha habido una política de inversiones en aeropuertos por encima de las necesidades. Ha habido un exceso de inversión», explica Catalá.
Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras y número dos de Fomento, no cree que con dinero público se haya «salvado el culo» a empresas que fallaron en sus cálculos. «Esas empresas están en concurso, no se les ha salvado, ya han perdido y pueden perder todavía mucho dinero y lo que deben lo tienen que devolver», comenta.
Jordi Évole le pone un vídeo a Rafael Catalá de la entrevista a José Antonio López Casas, director general de ‘Accesos de Madrid’, la concesionaria que gestiona la R3 y la R5, que confiesa que el Estado les ha dejado 170 millones de euros y que no van a devolver. Unas palabras que se contradicen con las de Ana Pastor que aseguraba que no iba a haber «ni un duro» del Estado para salvar las autopistas.
Rafael Catalá explica que lo que pasa entonces es que las autopistas en concurso pueden acabar en liquidación donde la autopista vuelve a manos del Estado y tendrá que pagar un precio justo por la inversión.
Entrevista completa en su
web.
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