Llevamos muchos años luchando contras las grandes infraestructuras (aeropuertos sin aviones, autopistas que no llegan a ningún lado, infinitos desdoblamiento de carreteras, ampliaciones injustificadas, AVEs y trenes frente a otras modalidades, etc). 
El movimiento ecologistas español (y canario) ha sido siempre muy crítico con estas megas obras faraónicas que en la mayoría de los casos esconden más de lo que enseñan.
Entre las cosas que no se dicen es que estas infraestructuras sirven para financiar a chorizos, partidos políticos y un largo etc. que, tarde o temprano, terminará por saberse.
Mi compañero Paco Seguro, de Ecologistas en Acción, acaba de publicar un artículo valiente resumiendo todo lo que hemos explicado anteriormente y además lo relaciona con «la tremenda deuda pública que hemos contraído como resultado de la aplicación de una política de infraestructuras de transporte desarrollista, despilfarradora e insostenible no es justificable ni entendible en términos de movilidad. La explicación de este despropósito está en otra parte: en los beneficios que obtenían unos pocos actores, políticos y grandes constructoras de tan suculentos contratos,, muchas veces con prácticas presuntamente ilícitas como las que reflejan los llamados «papeles de Barcenas».
El artículo que publica en el último número de la revista «Ecologista» (nº 77-verano 2013) se titula «Razones para querellarse en el caso Bárcenas»
Y comienza con «Es posible que alguien se pregunte qué hace una organización ecologista en una querella como ésta. Ecologistas en Acción lleva años alertando sobre la insostenible y destructora política de infraestructuras que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas en España. Ahora, la simple comparación de los supuestos apuntes contables del ex tesorero del PP con las licitaciones de grandes infraestructuras permite hacerse una idea de los motivos que han llevado a unas inversiones tan alejadas de las necesidades de la mayor parte de la población.
Ecologistas en Acción se ha sumado a la querella criminal contra dos ex tesoreros del Partido Popular, algunos de los dirigentes de la formación y varios responsables o ex responsables de grandes constructoras. La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los «papeles de Bárcenas» presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública».
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