El Gobierno de Canarias acaba de presentar el «Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias, 2012-2014» con el que quiere recaudar más dinero y evitar gastos al objeto de cumplir con los compromisos de reducción del déficit y, por tanto, que sus cuentan tengan más credibilidad en Madrid. 
Parece que pasó el primer filtro el otro día del Consejo Económico y Fiscal en el Ministerio y, a continuación, procede su aplicación, que según leo, para los recortes a los funcionarios, comenzará el próximo mes de julio. No obstante, suponemos que todo esto debe publicarse en el BOC para general conocimiento.
A la espera de ello, veo como novedad algunas cosas. Evidentemente discrepo de otras tantas. Pero solo a efectos informativos y como novedad, reservando mi opinión al respecto (eso queda para próximos artículos) extracto lo siguiente:
En la Medida 2 se crea un nuevo impuesto sobre grandes superficies por el que se supone va a recaudar (el Gobierno) unos 4,5 millones de euros. Para ello tienen que modificar una normativa (ley de Medidas en trámite). El preámbulo de este impuesto es el que me sorprende porque ahora el Gobierno reconoce el impacto sobre el territorio, la movilidad y sobre la economía que ha tenido este tipo de construcciones que han irrumpido en Canarias como un «elefante en un garaje». Reproduzco a continuación la letra pequeña de lo que dice el Gobierno: «se crea el Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Es notorio que la irrupción de grandes empresas de distribución y venta, con alta capacidad de penetración económica, han afectado sensiblemente el tradicional modelo comercial de Canarias y, además, al modelo de ordenación territorial como consecuencia de desplazar en muchas ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la periferia, con el consiguiente deterioro y degradación de los espacios interiores, al tiempo que el emplazamiento de esas empresas exige la ocupación de suelo con nuevas áreas urbanizadas e infraestructuras de comunicaciones para atender a los nuevos desplazamientos en vehículos, todo lo cual finaliza en un proceso de degradación medioambiental. En efecto, el modelo de comercio que imponen las grandes superficies de venta y los establecimientos comerciales comporta, a menudo sin alternativa, el uso del automóvil particular para acceder a ellos, con consecuencias indeseadas en términos de saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de polución atmosférica. El Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales es idóneo para evitar que los beneficiarios del ejercicio de esas actividades comerciales externalicen los costes de su actividad en el medio ambiente, en la ordenación del territorio, en las infraestructuras y en la vida ciudadana, sino que, por el contrario, se produzca su interiorización en sus costes.»
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