Esta mañana me ha llegado una entrevista realizada a Vanesa Felip, presidenta de COSITAL, el Colegio de Secretarios y Secretarias, Interventoras e Interventores, Depositarios y Depositarias de Valencia.Vanesa Felip se ha convertido, junto a Pilar Alguacil y Teresa Morán, en un magnífico equipo de mujeres profesionales juristas, que nos están apoyando en el desarrollo de la nueva ley de contratación pública. Esta normativa, que ha entrado en vigor el pasado 9 de Marzo, obliga a todas las administraciones públicas a reservar una parte de sus obras y servicios a las empresas de inserción. Desde hace meses estamos realizando un trabajo de pedagogía en los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Y ha tenido su última muestra pública en la Jornada que celebramos la semana pasada en el Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación)
El titular de esta entrevista no puede ser más acertado. Vanesa Felip dice: los casos de corrupción no deben paralizar el trabajo de los interventores. Y realiza esta afirmación en una Comunidad, conocida y particularmente dañada por numerosos casos de corrupción, sin que parezca haya tocado fondo.
Conozco muchas administraciones municipales envueltas en una parálisis importante fruto, por un lado de la aplicación de la nueva ley de contratación pública, y por otra, de los rifirafes entre la clase política y quienes plasman en los pliegos la forma y manera de ejecutar los proyectos.
Felip reconoce que son la cara poco amable de los Ayuntamientos. Sin embargo, también manifiesta que es fundamental que cada persona juegue el papel que le corresponda; Si cada uno entiende cuál es su papel y su rol esto no debe ser un problema. El político quiere hacer cosas, cumplir su programa electoral y muchas veces, lo antes posible. El secretario o interventor ponen de manifiesto que, en ocasiones, no siempre la ley permite esa agilidad, que hay que cumplir unos trámites. Normalmente nuestro papel no es decir: esto no se puede hacer, sino esto se puede hacer de esta manera.
Esta es una de las expresiones más extendidas entre quienes nos movemos pidiendo este cumplimiento de la ley de contratación pública. Aparte del desconocimiento existente de qué son las empresas de inserción y a qué actividades económicas nos dedicamos, realidad a la que estamos queriendo hacer frente, aparecen los servicios jurídicos como las grandes murallas a saltar si queremos empezar a tener buenas prácticas.
Para poder saltar esas vallas hemos encontrado un magnifico argumento en la ley 31/2015, que tan bien explica Pilar Alguacil. Define a las empresas de inserción como prestadora de servicios de interés económico general. En lenguaje más popular: hacemos aquello que la administración pública no es capaz de realizar con las personas más vulnerables facilitándoles el acceso al empleo en buenas condiciones.
Hemos encontrado en algunas personas alianzas importantes para llegar al cumplimiento de este hito legislativo. Algunas de ellas Vanesa, Teresa y Pilar.
Prueba de esta tarea de compromiso que ha manifestado COSITAL es la ordenanza que Teresa Morán presentó en la jornada. El fin: facilitar el trabajo a quienes envueltos en pliegos y expedientes no han tenido tiempo de trabajar la reserva de mercado para las empresas de inserción. A partir de la semana próxima y en la página del colegio estará colgada. Así, ni responsables políticos ni técnicos, tendrán excusas para cumplir con esta ley que propiciará crear más empleo para las personas más vulnerables al mismo precio.
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